Procuraduría interpuso acción de tutela por hacinamiento en cárcel de Riohacha

La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción de tutela que pide, como medida provisional, no permitir el ingreso de más internos al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Riohacha, hasta que existan condiciones dignas para las personas recluidas allí.

Según explicó, la acción busca representar a varios de los internos de este centro penitenciario y carcelario, que, por su condición de vulnerabilidad, no pueden valerse por ellos mismos. Igualmente, pretende tutelar los derechos a la igualdad, la dignidad humana, la resocialización, la salud y la integridad física, en conexidad con la vida.

“Se pretende que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Riohacha inicien los trámites para el traslado de la sobrepoblación de reclusos, procurando que las condiciones de reclusión de los traslados se realicen en condiciones dignas”, agregó la entidad.

El Ministerio Público solicitó conminar a estas instituciones, con el fin de que realicen las gestiones necesarias para evitar el hacinamiento; reparar, adecuar y mejorar las instalaciones; incrementar el personal de guardia, según las necesidades actuales, así como los medios de seguridad, logísticos y los elementos necesarios para el cumplimiento de su deber en condiciones dignas y adecuadas.

Por último, la Procuraduría busca que se le ordene al Ministerio de Justicia la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario y carcelario para el departamento de La Guajira, que, a futuro, evite la vulneración de los derechos y las garantías fundamentales de la población carcelaria.

Vale la pena recordar que en una sentencia publicada recientemente, la Corte Constitucional reprochó la connivencia de la institucionalidad con el deterioro de las condiciones de dignidad que vienen padeciendo los reclusos, y recordó que el Código Penitenciario les asigna al Gobierno y a los entes territoriales competencias en materia contractual para solucionar esa problemática.

Al respecto, reiteró que la ocupación de establecimientos carcelarios por encima del número de plazas disponibles propicia la violación de derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la integridad personal.