Penal
Fiscal pide investigar a tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por “carrusel de pensiones”
12 de Septiembre de 2013
Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, elevó una solicitud para que se investigue a tres magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por su presunta participación en el llamado “carrusel de las pensiones”.
En el documento, el jefe del ente investigador solicita la revocatoria del auto en el que esa instancia se inhibió de abrirles investigación a los magistrados Angelino Lizcano, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público.
Montealegre también solicitó que se investigue a la viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, por el archivo de la investigación disciplinaria iniciada por estos mismos hechos en contra de la exsecretaría general del Consejo, Yira Lucía Olarte Ávila. En este caso, se pide establecer la presunta participación de Castañeda en la comisión de delitos por la providencia absolutoria emitida el pasado 27 de agosto.
Precisamente, el mes pasado, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reveló cerca de 50 elementos materiales probatorios que deberán ser analizados en el juicio que se le adelanta a Olarte, investigada como presunta responsable del delito de falsedad ideológica en documento público.
Vale la pena recordar que, el año pasado, la Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal en contra de nueve magistrados y 13 exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por el presunto detrimento patrimonial de 13.786 millones de pesos que habría generado dicho “carrusel”.
Según el órgano de control, magistrados con función nominadora designaron en cargos de magistrado auxiliar, de manera reiterada, presuntamente irregular y por periodos muy breves (entre uno y 11 meses), a funcionarios próximos a obtener la pensión, lo que implicó el reconocimiento de mesadas que superaron hasta por cuatro veces las que les corresponderían sin haber ocupado ese último cargo.
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