La Corte Suprema de Justicia advirtió que el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación evidencia profundas falencias que, en la práctica, deja expuestos a los protegidos. Así mismo, señaló que las medidas que se adoptan, por lo general, no se extienden a sus familiares.

La advertencia de la Sala Penal se produjo al estudiar el cambio de radicación de un proceso adelantado contra presuntos integrantes de bandas criminales del norte del país, luego de que el fiscal especializado encargado del caso acreditara las amenazas contra los potenciales testigos y sus familiares.

Por lo anterior, debido a lo indispensable del programa para lograr una adecuada y pronta justicia, sobre todo teniendo en cuenta que el aspecto probatorio se basa en la prueba testimonial, la Sala Penal hizo un llamado al Fiscal General para que elabore un diagnóstico de las falencias que existen y adopte las soluciones necesarias.

En el mismo fallo, reiteró que facilitar la participación de los testigos en un proceso significa defender los altos intereses de la justicia, entre los cuales está el interés público, pues garantizar esa intervención fortalece el adecuado juzgamiento de los ciudadanos.

La corporación sostuvo que pese a que la norma que regula el cambio de radicación de procesos penales no incluye expresamente la seguridad o integridad de los testigos, este resulta viable para garantizar el acceso a la justicia.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto 40965, mar. 20/13, M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández)