Defensoría exhorta a aplicar estrictamente la ley para castigar crímenes contra menores

En medio de la discusión sobre la conveniencia de revivir propuestas como la cadena perpetua y la pena de muerte para castigar los crímenes contra los niños, niñas y adolescentes, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, consideró que no es necesario apelar a figuras de esa naturaleza para impartir justicia y combatir la impunidad.

De acuerdo con el funcionario, ya existen herramientas jurídicas para impartir sanciones ejemplarizantes, sin acudir a modalidades proscritas en otras democracias, como sucede con la pena de muerte, abolida en la mayor parte de Europa y, actualmente, en proceso de revisión y desmonte en EE UU.

Otálora indicó que el Código de Infancia y Adolescencia establece que no puede haber acuerdos entre la fiscalía y la defensa en casos de secuestro, homicidio, delitos sexuales y lesiones personales, cuyas penas, incluso, se agravan en un 50 %.

“Lo anterior quiere decir que a la luz del Código Penal, en escenarios como los descritos anteriormente, las condenas para los responsables de estos delitos, oscilan entre los 30 y los 60 años sin ningún tipo de rebaja”, agregó.

Lo importante, agregó, es asegurar la aplicación estricta de las normas y avanzar en la articulación institucional del Estado para prevenir, investigar y castigar todos los episodios de violencia contra niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva de corresponsabilidad social.

Justamente, ayer, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre,  advirtió que  las políticas penitenciaria y criminal han fracasado, pues el país se ha olvidado de dos elementos fundamentales: la función resocializadora de la pena y “que seguir aumentando penas no es la solución” (ver informe ¿Cómo atacar el populismo punitivo?). Según Montealegre, se debe lograr una mayor eficacia en las investigaciones, de tal forma que las penas que se impongan se cumplan efectivamente.