Penal
Defensoría advierte sobre situación de derechos humanos en centros de detención transitoria de Bogotá
10 de Noviembre de 2014
Durante una jornada especial de inspección humanitaria a las unidades de reacción inmediata (URI) y estaciones de policía de Bogotá, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la grave situación de derechos humanos que se vive en esos centros de detención transitoria.
El recorrido incluyó, entre otras, a la URI de La Granja, en Engativá, y la Estación de Policía de Chapinero, donde la entidad constató un sobrecupo de 186 detenidos, 77 de los cuales tienen detención domiciliaria, pero esta no ha sido tramitada, debido a la operación reglamento que adelanta la guardia del Inpec.
“Tras observar que de los 300 cupos habilitados en los centros de detención transitoria la ocupación es de 516, se encontraron situaciones particulares muy preocupantes, como sucede en la URI de Tunjuelito, donde permanecían detenidos un hombre con problemas psiquiátricos que ha intentado suicidarse en varias ocasiones, una mujer con cuatro meses de embarazo, y dos personas más que requieren terapias urgentes por lesiones en sus extremidades, sin que ninguna de ellas haya recibido atención médica oportuna”, señaló.
La entidad interpuso una acción de tutela, para amparar los derechos de la población recluida, y le solicitó a la Secretaria Distrital de Salud adelantar visitas médicas integrales e inmediatas, para garantizar la atención en salud de los detenidos.
Precisamente, hace dos semanas, la Defensoría formuló reparos al pronunciamiento del Inpec sobre una significativa reducción en las cifras de hacinamiento. A su juicio, ese diagnóstico desconoce la influencia de situaciones como la operación reglamento, que desde hace más de dos meses adelantan los miembros de la guardia penitenciaria, en al menos 23 establecimientos.
Según el Inpec, la disminución, del 9,5 %, obedece a que los jueces aplicaron la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, otorgando beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria y suspensión de la pena a 18.732 internos, lo que permitió la creación de 489 cupos. Sin embargo, para la Defensoría, existen situaciones coyunturales que tienen alta incidencia en estos resultados, y que son completamente ajenas a esas medidas judiciales.
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