Roberto Cruz Palmera
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid (España)
Correo electrónico: rcruz@uva.es

Por mucho que el artículo 4º del Código Penal colombiano pretenda un enfoque integral de la pena –incluyendo la prevención, la reinserción y la protección de los condenados–, uno de sus pilares más complejos sigue siendo la retribución. ¿Debe el Estado castigar por el simple hecho de que alguien lo merece? ¿Puede justificarse una pena sin utilidad social, solo por respeto a la justicia? Para Immanuel Kant, la respuesta es un sí rotundo. Para la realidad colombiana, en cambio, la retribución justa es una aspiración tan noble como lejana.

Kant, en su filosofía del derecho, defendía que la pena no debe ser un medio para lograr fines –como la disuasión o la rehabilitación–, sino un acto moralmente necesario para preservar la dignidad de la ley. Para él, el castigo es un imperativo categórico: quien comete un crimen debe ser castigado únicamente porque ha cometido ese crimen. No importa si ese castigo previene futuros delitos o si mejora a la sociedad. Importa solo la justicia. De allí su célebre sentencia: Fiat justitia, pereat mundus (que se haga justicia, aunque el mundo perezca).

Ahora bien, ¿qué significa esto en el contexto colombiano? ¿Puede hablarse en serio de una “retribución justa” cuando la justicia penal no garantiza ni proporcionalidad, ni equidad, ni respeto por la dignidad humana? Cuando los procesos judiciales son lentos, las cárceles están hacinadas y la aplicación de la ley es selectiva, el castigo deja de ser un acto moral y se convierte en un ejercicio de poder.

En teoría, el artículo 4º consagra la retribución como una de las funciones esenciales de la pena. El problema es que, en la práctica, esta función se ha desvirtuado. No hay verdadera proporcionalidad entre el delito y la pena si quien roba para comer enfrenta años de prisión mientras otros, responsables de crímenes económicos o de cuello blanco, eluden la cárcel. No hay justicia retributiva, si no se garantiza igualdad ante la ley. En Kant, la retribución es una exigencia racional y moral, pero en Colombia se convierte en una lotería influida por factores como la clase social, la corrupción y la saturación del sistema judicial.

La frase kantiana no implica, como algunos creen, un deseo nihilista de destruir el mundo en nombre de la justicia. Lo que propone es que la justicia debe ser un fin en sí mismo, no un medio subordinado a la utilidad. Castigar a alguien no porque sea útil para la sociedad, sino porque lo exige la ley y la moral. Pero esto requiere un Estado ético, racional, que actúe con imparcialidad y con respeto absoluto por la dignidad humana. ¿Es ese el caso del Estado colombiano?

La retribución, mal entendida, puede justificar penas ejemplarizantes, vengativas o desproporcionadas. En nombre de la justicia se han cometido injusticias atroces. Por eso, aplicar la visión kantiana sin una estructura sólida, transparente y equitativa, puede ser más peligroso que beneficioso. La retribución no puede ser una excusa para castigar por castigar, ni una coartada para no invertir en prevención o reinserción.

En Colombia, si de verdad se aspira a una retribución justa, debe reconocerse que el castigo no solo debe responder al daño causado, sino también respetar los derechos del condenado. El castigo no puede deshumanizar ni convertirse en una pena adicional por condiciones indignas de reclusión. Kant mismo insistía en que incluso el peor criminal no pierde su condición de persona. Por eso, castigar retributivamente exige más del Estado, no menos.

Volver a Kant no significa endurecer penas ni abandonar la prevención o la reinserción. Significa, ante todo, entender que el castigo debe ser justo por sí mismo, no útil ni políticamente rentable. Que el delincuente no es un enemigo, sino un ciudadano que ha violado la ley y debe responder ante ella, pero sin perder su valor moral como ser humano. Solo así la retribución puede ser un principio ético, y no un mecanismo de represión.

La frase Fiat justitia, pereat mundus puede sonar radical, pero en realidad es una invitación a poner la justicia por encima de la conveniencia, la opinión pública o los cálculos políticos. En Colombia, donde el sistema penal está colapsado y la justicia a menudo parece más selectiva que imparcial, volver a una noción kantiana de retribución no es retroceder. Es recordar que, sin justicia real, sin proporcionalidad ni dignidad en el castigo, el mundo puede no perecer… pero la justicia sí.

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