La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casó una sentencia impugnada y dispuso invalidar la actuación de la audiencia de formulación de imputación, luego de corroborar la vulneración a las garantías fundamentales de un procesado que presenta discapacidad mental y sensorial, por cuanto no se le garantizaron sus derechos de defensa y debido proceso, mediante ajustes razonables del procedimiento que le permitieran entender y expresarse de manera libre, voluntaria e informada respecto de los cargos formulados. En tal sentido, la Corporación concluyó que los jueces penales deben garantizar a los procesados con algún tipo de discapacidad los mismos derechos que le asisten a cualquier otro, atendiendo su especial situación, especialmente el ejercicio de todas las facultades inherentes a la defensa material. También efectuó importantes precisiones sobre los derechos de las personas con y/o en situación de discapacidad y finalmente ofició al Congreso, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a los jueces penales a seguir las pautas trazadas sobre este tema y desarrolladas en esta providencia (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).