La Corte Suprema de Justicia indicó que los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aprueban acuerdos de solución amistosa entre las víctimas y el Estado tienen fuerza vinculante, pues se trata del reconocimiento estatal de que se incurrió en violaciones a derechos humanos. En ese sentido, constituyen instrumentos de obligatorio cumplimiento en el marco de los tratados internacionales y de la Convención Americana de Derechos Humanos. De esta forma, la Sala Penal invalidó las decisiones de la justicia penal militar que cesaron el procedimiento seguido contra militares que participaron en la desaparición de una persona en 1992, en el departamento del Magdalena. En este caso, el Gobierno llegó a un acuerdo amistoso con las víctimas en 1996, que fue homologado por la CIDH, por lo que el alto tribunal consideró que se podía acceder al recurso de revisión. La Corte afirmó que estos hechos son flagrantes violaciones a los derechos humanos en los que aún campea la impunidad (M.P. Fernando Alberto Castro Caballero).