La información que reposa en el expediente administrativo de restablecimiento de derechos de menores de edad, incluida la historia de atención y los reportes de los operadores respecto del seguimiento a las medidas adoptadas por el defensor de familia y las de prestación de servicios en ese contexto, está sometida a reserva y confidencialidad en los términos del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006), por lo que no puede ser entregada sin que medie orden judicial sobre la misma, pues los datos que los menores y adolescentes han reportado en las entrevistas contienen información sensible, sobre la cual, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 del 2012, está prohibido su tratamiento y difusión, salvo contadas excepciones, como lo es, precisamente, la orden judicial, indicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No obstante, aclaró, la remisión por orden judicial no implica que la información sometida a reserva pierda tal carácter y se vuelva pública, sino que corresponde a la autoridad judicial garantizar su confidencialidad y reserva.