Gobierno rechaza orden de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo emitida desde Guatemala
Según la Cancillería, la decisión de la fiscalía guatemalteca representa una desviación grave del derecho internacional y carece de respaldo legal.Openx [71](300x120)
03 de Junio de 2025
El Gobierno nacional expresó su rechazo frente a la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado ante la Santa Sede, Iván Velásquez Gómez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. A través de un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores se manifestó una profunda preocupación por dicha medida, la cual fue calificada como carente de fundamento jurídico y contraria a los principios esenciales que rigen la justicia internacional.
De acuerdo con lo expresado por la Cancillería, esta decisión constituye una grave desviación de los estándares del derecho internacional y representa una vulneración de derechos humanos fundamentales. El comunicado enfatizó que la cooperación judicial entre Estados debe estar sustentada en pruebas verificables y procedimientos transparentes, condiciones que, según la posición del Gobierno colombiano, no se evidencian en este caso. (Lea: Absuelto exgobernador de Caldas y actual senador Guido Echeverry)
En este marco, Colombia reiteró su firme compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia del poder judicial y la promoción de una cooperación legítima y respetuosa entre naciones. No obstante, advirtió que estos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para sustentar decisiones carentes de legitimidad o respaldo legal.
Además, el Gobierno informó que activará los canales diplomáticos pertinentes con el fin de expresar formalmente su inconformidad ante las autoridades guatemaltecas. Asimismo, manifestó su confianza en que la comunidad internacional reconocerá esta situación como un preocupante intento de instrumentalización de los mecanismos judiciales, lo cual contraviene los principios de legalidad, justicia y cooperación que deben prevalecer en las relaciones entre Estados.
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