Gobierno radica proyecto para coordinar justicia indígena y sistema judicial ordinario
Tras ser archivado en la pasada legislatura, fue radicado nuevamente para asegurar la articulación jurídica con comunidades tradicionales del país.Openx [71](300x120)

31 de Julio de 2025
El Ministerio de Justicia, junto con el Consejo Superior de la Judicatura, presentó ante el Senado el proyecto de ley que propone mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial indígena (JEI) y el sistema judicial nacional. Esta propuesta reglamentaría el artículo 246 de la Constitución y busca fortalecer el respeto a la justicia propia de los pueblos indígenas, garantizando seguridad jurídica y autonomía en la administración de sus territorios.
La iniciativa legal propone reglas claras y principios orientadores para resolver conflictos entre ambas jurisdicciones sin arbitrariedad y sin alterar competencias ya establecidas. También contempla compromisos específicos de debida diligencia en favor de los derechos de las mujeres dentro de los sistemas de justicia indígena, en respuesta a vacíos normativos que han afectado históricamente a estas comunidades. (Lea: Todo lo que un abogado debe saber sobre la justicia especial indígena)
Durante su presentación, el ministro Eduardo Montealegre destacó que la propuesta representa una garantía concreta de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, mientras que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, subrayó la importancia del respeto mutuo entre sistemas jurídicos como base para una convivencia armónica. La propuesta surge de un proceso concertado con organizaciones indígenas en el marco de la COCOIN.
La senadora Aida Quilcué valoró la herramienta como un paso clave para ejercer el derecho a la jurisdicción interna en los territorios indígenas, en consonancia con los saberes ancestrales. El proyecto, ya aprobado en primer debate en una legislatura anterior, fue radicado nuevamente tras haber sido archivado por vencimiento de términos legislativos, reafirmando el compromiso del Gobierno con la diversidad jurídica y cultural del país.
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