La Sala Penal de la Corte Suprema recordó que el delito de prevaricato no se configura, si la decisión cuestionada está respaldada por criterios lógicos y razonables, independientemente de que la tesis adoptada por el implicado sea compartida o no. Además, reiteró que tal ilícito no solo abarca los autos interlocutorios o las sentencias, sino todas las decisiones que el funcionario emita frente a un hecho y se opongan abiertamente al ordenamiento jurídico, como la respuesta a un derecho de petición en un evento concreto. En opinión de la corporación, las expectativas personales del funcionario, su concepción académica de las instituciones jurídicas y su postura ética o política no lo eximen del acatamiento de la ley y la Constitución (M. P. José Luis Barceló Camacho).