La Fiscalía General de la Nación divulgó orientaciones para que los ciudadanos puedan identificar si una citación judicial recibida por correo electrónico es auténtica. La entidad explicó que algunas personas han reportado mensajes fraudulentos que utilizan su nombre y logotipo para generar confianza y lograr que los usuarios descarguen archivos o entreguen información personal.

Por esta razón, la institución recordó que existen características específicas que permiten diferenciar una comunicación oficial de un intento de fraude. (Lea: Fiscalía inaugura en Soacha primer centro especializado para atender violencias basadas en género)

Verificación del dominio institucional del remitente

Uno de los principales elementos para confirmar la autenticidad del mensaje es revisar la dirección del remitente. Según la Fiscalía, las comunicaciones oficiales se envían únicamente desde cuentas institucionales que terminan en el dominio @fiscalia.gov.co. En ese sentido, se recomienda verificar que el nombre del dominio no tenga modificaciones o variaciones que intenten imitar la dirección oficial, ya que algunos correos fraudulentos cambian letras o agregan palabras para parecer legítimos.

Forma en que se envían las citaciones oficiales

La entidad también precisó que las citaciones judiciales suelen incluirse directamente en el cuerpo del correo electrónico y no como archivos adjuntos descargables. Esta medida busca evitar riesgos de seguridad informática, pues muchos mensajes falsos utilizan documentos adjuntos o enlaces externos que pueden contener virus o programas maliciosos destinados a comprometer los equipos de los usuarios.

Recomendaciones para evitar fraudes digitales

Por último, la Fiscalía recordó que la institución no solicita pagos ni consignaciones de dinero para realizar trámites o atender citaciones. En consecuencia, si un correo electrónico exige transferencias o solicita abrir archivos sospechosos, se recomienda no interactuar con el mensaje y reportarlo a las autoridades. Estas recomendaciones buscan fortalecer la seguridad digital de los ciudadanos y prevenir estafas que utilizan el nombre de entidades públicas.

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