La Fiscalía General de la Nación oficializó la acusación contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración pública.

El ente acusador sostiene que los exfuncionarios participaron en una estructura dedicada al direccionamiento de contratos estatales para obtener beneficios políticos. Según las investigaciones, estas acciones se habrían ejecutado entre mayo del 2023 y marzo del 2024, involucrando recursos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).(Lea: Confirman condena de siete años de prisión contra el general (r) Rodolfo Palomino)

El esquema delictivo, denominado por las autoridades como una empresa criminal con vocación de permanencia, buscaba asegurar mayorías parlamentarias en el Congreso de la República para la aprobación de proyectos gubernamentales. La Fiscalía documentó tres momentos clave de intervención indebida, destacando un periodo inicial donde se gestionaron 78 contratos por un valor aproximado de $ 612.000 millones. Estos recursos habrían sido utilizados como contraprestación por los votos de diversos legisladores en debates estratégicos.

Por su lado, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario para ambos procesados, ratificando la decisión de primera instancia. La magistratura consideró que la detención intramural es la única vía idónea para garantizar los fines constitucionales del proceso, dado que los delitos imputados atentan gravemente contra el patrimonio estatal. Asimismo, el tribunal desestimó la posibilidad de conceder detención domiciliaria, argumentando que no neutralizaría eficazmente la capacidad de articulación de los acusados.

Dentro del acervo probatorio, se resalta la existencia de reuniones en las que se habrían impartido directrices específicas para el seguimiento de los proyectos de inversión en beneficio de congresistas. Un hito relevante en la investigación es la reunión del 27 de noviembre del 2023, referida como el "Cónclave", donde supuestamente se coordinó la entrega de contratos a cambio de votos para la viabilización de operaciones de crédito público. Estas evidencias sustentan la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de "cupos indicativos" utilizados de manera irregular durante la gestión de los exministros.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá es definitiva y contra ella no proceden recursos ordinarios, lo que mantiene a los exfuncionarios bajo custodia mientras avanza la etapa de juicio. La justicia enfatizó que los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos tienen prohibiciones legales para la concesión de beneficios procesales sustitutivos.   

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