La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público a un exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión se relaciona con hechos ocurridos durante su gestión y con actuaciones administrativas vinculadas a un proceso contractual de alcance nacional. (Lea: Cancillería habilitó acceso sin cita previa para tramitar pasaporte).

La investigación está relacionada con la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio del 2026, por un valor de $ 559.000 millones. De acuerdo con la Fiscalía, varias resoluciones expedidas en febrero del 2024 permitieron revocar decisiones previas dentro de la licitación y dar continuidad al proceso contractual.

Según los elementos recopilados por el ente acusador, las actuaciones investigadas habrían excedido las funciones asignadas al entonces servidor público. La Fiscalía sostiene que el cargo ejercía labores administrativas y de coordinación institucional, por lo que no tendría facultades para reabrir ni adjudicar procesos contractuales que ya habían sido cerrados.

Además, la entidad judicial indicó que durante el periodo investigado se realizó la adquisición de un predio rural ubicado en Puerto López, Meta, por un valor de $ 950 millones. Conforme a la información expuesta por la Fiscalía, no se evidenciaron soportes financieros, créditos, transferencias o registros patrimoniales que justificaran dicha compra, situación que hace parte de las conductas analizadas dentro del proceso penal.

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