En lo que concierne al tratamiento de indígenas en el marco de procesos penales adelantados en la jurisdicción ordinaria, a las autoridades les asiste el deber de respetar y garantizar los derechos de los involucrados, atendiendo sus particulares condiciones. Así mismo, indicó la Corte Suprema de Justicia, en caso de dudas sobre el rol de las mujeres menores de edad y víctimas en estos casos, la autoridades deben requerir la información que consideraren necesaria para la resolución del conflicto, pues en cumplimiento del deber de valorar el caso desde un enfoque diferencial “no pueden dar por sentados aspectos que necesariamente varían en razón de la diferencia cultural y étnica” (M. P. José Francisco Acuña).