La Cámara de Representantes aprobó, en último debate, el proyecto de ley contra la corrupción presentado por el Gobierno. La iniciativa prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas del Estado, durante el periodo del candidato apoyado y elegido. Además, se faculta al Presidente de la República para nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales, se crean nuevos tipos penales para combatir la corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en varios de los delitos contra la administración pública. Finalmente, se excluye de beneficios como la casa por cárcel a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción.