La Corte Suprema de Justicia determinó que la sustitución de la medida de aseguramiento para los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz está sujeta a que la privación de la libertad tenga como causa la comisión de delitos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado al margen de la ley. Ello porque así lo exige el artículo 19 de la Ley 1592 del 2012 (artículo 18A de la Ley 975 del 2005). Con estos argumentos, la Sala negó la solicitud de libertad de un exparamilitar cuya postulación a la Ley de Justicia y Paz se produjo cuando se encontraba detenido, cumpliendo una pena de 26 años de cárcel. La Corte aclaró que la excarcelación inmediata para quienes cumplieron ocho años de detención está limitada a aquellos que se desmovilizaron estando en libertad, pues para quienes lo hicieron estando encarcelados, los términos deben contarse desde el momento de su postulación y no se cobija el tiempo de pena dictado por la justicia ordinaria (M. P. Gustavo Enrique Malo).