La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 100 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción impuesta a un juez que concedió ilegalmente 40 amparos en sede de tutela en contra de un municipio, los cuales costaron cerca de $ 1.779 millones. Además de ser manifiestamente contrarias a derecho, las decisiones fueron la forma idónea por la cual particulares se apropiaron, de forma ilegal y efectiva, de recursos del Estado.

Según el tribunal cuestionado, en los casos bajo análisis no se podía ordenar el embargo de recursos públicos vía tutela. En primer lugar, por violación del principio de inembargabilidad de recursos públicos y, en segundo lugar, por contrariar el carácter subsidiario de la tutela. El exfuncionario no suministró motivación suficiente para concretar por qué se apartaba de estos postulados.

Se trataba de títulos ejecutivos de naturaleza compleja, asociados a contratos previamente celebrados por la entidad territorial, con soporte en resoluciones que contenían obligaciones claras, expresas y exigibles, de manera que la competente para tramitar las demandas ejecutivas era la jurisdicción contencioso administrativa y no la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria.

Considerando la previsible incompetencia para el trámite, se acreditó la relación de instrumentalidad entre el delito medio (prevaricato por acción), que fue utilizado para alcanzar el objetivo propuesto, que se logró cuando se despojó el erario a través del delito fin (peculado por apropiación), lo cual confirman varias circunstancias de contexto sobre la orientación prevaricadora y, en razón de ello, la configuración del peculado.

Así las cosas, el procesado, en su condición de juez, dispuso ilegalmente de recursos del Estado, pues sin tener competencia ordenó embargos y secuestros de recursos públicos, libró mandamientos de pago, aprobó liquidaciones y ordenó la entrega de títulos judiciales a accionantes en el marco de acciones de tutela y procesos ejecutivos, de los cuales la gran mayoría se hicieron efectivos (C.P. Carlos Roberto Solórzano Garavito).

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