Según Jorge Armando Otálora, durante el primer trimestre del 2015 el incumplimiento de la programación se ubicó en el 28 %. El funcionario indicó que de las 373.000 diligencias que fueron programadas en todo el 2014 se adelantaron unas 118.000 y que de las, aproximadamente, 106.000 previstas para realizarse entre enero y marzo del 2015 se hicieron poco más de 30.000. A su juicio, ello demuestra la necesidad de sistematizar más adecuadamente la programación de tales audiencias, pues el hecho de que no se lleven a cabo viola derechos de víctimas y procesados. En el mismo sentido, hizo un llamado a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que ofrezca los instrumentos necesarios para superar este déficit.