El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, precisó que la crisis carcelaria es de tales dimensiones y requiere de tantos instrumentos para frenar su impacto que la emergencia anunciada por el Gobierno será poco efectiva. Insistió en que solo la declaratoria de una emergencia social le ofrecerá al Presidente de la República las herramientas para conjurar sus efectos. El jefe del organismo manifestó que la salida del Ejecutivo sería efectiva si solo se estuviera enfrentando una perturbación de la seguridad o un riesgo sanitario, aspectos que, a su juicio, son insuficientes para describir las dimensiones reales de los problemas que se viven en varios penales del país. Para Otálora, los niveles de precariedad y riesgo que afrontan la mayoría de reclusos requieren modificar el sistema judicial, administrativo y penal, así como un esfuerzo presupuestal que permita la construcción de nuevos centros carcelarios.