El juez debe brindar protección a la mujer que afirma ser víctima de violencia

La Sala Penal estudió un caso en el que una mujer ha buscado la protección del Estado ante la presunta violencia que ha padecido desde que era una niña y durante toda su vida. Su relato muestra una violencia sistemática basada en género, que parte del desequilibrio de poder existente en las relaciones que ha entablado a lo largo de su vida con personas que han tenido más poder económico, educativo, etc., y que aparentemente han causado su sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial.

Advirtió la Sala que el tribunal a quo omitió pronunciarse sobre esa particular problemática planteada por la demandante, analizándola desde una perspectiva de género. Así, se percibe que el fallador de primera instancia emitió un fallo carente de motivación completa, en tanto dejó de apreciar y ponderar la real situación del caso concreto.

Se destaca que la función del juez constitucional demanda una exploración integral de las características que revisten casos como el presente, con la finalidad de brindar, si las circunstancias lo ameritan, una protección especial a la mujer que afirmar ser víctima de violencia.

Por consiguiente, es viable sostener que el raciocinio del fallador de primera instancia fue incompleto, al dejar de valorar la totalidad de los motivos que impulsaron a la accionante a promover la demanda de amparo.

Dicha situación resulta lesiva de la garantía del debido proceso que tiene tanto la demandante como las autoridades dejadas de convocar a este procedimiento constitucional, concretamente al derecho de acceder a la administración de justicia, por una parte, al igual que a la defensa y doble instancia por otra (M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán).