Una providencia reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recuerda que en el delito de prevaricato por acción, además del dolo, debe demostrarse que la decisión tachada de ser manifiestamente ilegal es el resultado de un propósito consciente del funcionario de contrariar la ley. Sin embargo, concluye el pronunciamiento judicial, esa intención no necesariamente tiene que provenir del “designio corrupto de favorecer a un tercero, sino que también puede obedecer al simple capricho o arbitrariedad del juez” (M. P. Luís Antonio  Hernández).