La Fiscalía delegada ante el tribunal superior de Cali imputó cargos al juez 25 penal municipal de Cali, como presunto autor de los delitos de prevaricato, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Para el ente investigador, el togado falló siete tutelas a favor de cabecillas criminales y les concedió medidas provisionales de traslado de cárceles de máxima de seguridad a centros penitenciarios de mediana y pequeña complejidad. De acuerdo con las evidencias recaudadas, el funcionario judicial sería una de las piezas de un engranaje de corrupción del que harían parte directores de cárceles, guardianes del Inpec, abogados, médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y civiles. Encuentre los demás detalles de la investigación en el documento adjunto a esta nota.