La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la destitución del cargo e inhabilidad general por 20 años de un juez penal municipal de Cali con funciones de control de garantías, por ordenar la devolución de casi US $ 400 mil en un caso de lavado de activos, pese a carecer de competencia para ello y sin tener en cuenta que los recursos estaban siendo objeto de un proceso de extinción de dominio. Y es que a pesar de que el togado conocía el contexto de la ley que lo rige y los postulados jurisprudenciales que orientan la función jurisdiccional, decidió no aplicarla de manera consciente y voluntaria, adelantándose con ello en los ámbitos de la arbitrariedad judicial (M. P. Pedro Alonso Sanabria).