Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema concluye que la aplicación preferente de la suspensión especial de la ejecución de la pena en los casos que se ventilan en la justicia no implica que el desmovilizado solo tenga el derecho a ese subrogado por la vía de la justicia transicional. En otras palabras, si bien existe un mandato legal de aplicación preferente de la normativa transicional frente a las reglas penales ordinarias, “ello no quiere decir que estas últimas devengan excluyentes” (M. P. Patricia Salazar).