La Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa fue aprobada en diciembre pasado por las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), cumpliendo así con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.

Además de proteger a los jóvenes del crimen, se pretende garantizar que existan procesos de justicia que les permitan a quienes han cometido un delito resarcir a las comunidades y personas afectadas, y formular un proyecto de vida en legalidad junto con sus familias.

Sobre los menores en conflicto con la ley penal las reglas más importantes son:

i) Las políticas orientadas a la prevención del delito deben ser prioritarias.

ii) El derecho penal debe emplearse como último recurso. Siempre que sea posible y compatible con el marco normativo vigente, deberá evitarse la judicialización de los menores de 18 años en conflicto con

la ley penal, por lo cual deberán movilizarse recursos de tipo familiar, comunitario o educativo, con el fin de derivar los casos fuera del sistema de justicia penal.

iii) Cuando proceda la judicialización del menor de 18 años, la privación de la libertad deberá ser excepcional.

iv) Una vez que se imponga una sanción privativa de la libertad, cuando proceda, deberá imponerse por el menor tiempo posible. Esta podrá ser modificada en cualquier tiempo por la autoridad judicial.