Una providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia enfatiza que someter a condenados a tiempos de espera prolongados para obtener la contestación efectiva a su postulación de planes y programas de resocialización no solo coarta su garantía a obtener respuesta a las peticiones en los plazos legalmente establecidos, sino que afecta de manera directa el derecho al debido proceso que le asiste a la población carcelaria. Y es que, finaliza el fallo de tutela, un tratamiento penitenciario garante les permite a los sentenciados acceder a ciertas instancias, conseguir beneficios administrativos y, finalmente, alcanzar la resocialización como uno de los fines principales de la pena (M. P. Jaime Humberto Moreno).