La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que, actualmente, en el régimen procesal del 2000, y en los que le antecedieron, no es posible predicar que los delitos en los que el sujeto activo calificado es un servidor público opera la prescripción en máximo en 10 años, como ocurre con los delitos cometidos por particulares. En efecto, el alto tribunal indicó que dicho lapso es de 13 años y cuatro meses, lo que responde a la necesidad de proteger más eficazmente a la sociedad del efecto corrosivo y demoledor que la delincuencia oficial tiene sobre la legitimidad de las instituciones públicas (M. P. Eyder Patiño).