La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Riohacha abstenerse de remitir o recibir internos de otros centros carcelarios, hasta que no se verifiquen condiciones óptimas de salubridad. Igualmente, ordenó diseñar un plan de redistribución de la población carcelaria con miras a descongestionar el establecimiento de reclusión. Adicionalmente, el tribunal protegió aspectos relacionados con el estado de las instalaciones, los servicios de agua potable y salud y la implementación de programas de estudio y trabajo para los reclusos. Según el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el amparo constitucional fue interpuesto ante la grave situación de hacinamiento que se presenta, pues se pueden albergar cerca de 100 internos pero normalmente se mantienen cerca de 500.