La Corte Constitucional declaró exequible la facultad de la Fiscalía para ordenar allanamientos de inmuebles con el fin de obtener elementos materiales probatorios que establezcan la responsabilidad del indiciado que es capturado en el mismo procedimiento (artículo 219, parcial, de la Ley 906 del 2004). Pese a que no se estableció condicionamiento alguno, la Sala observó que el procedimiento debe haber sido avalado por el juez de control de garantías. Entre los salvamentos de voto presentados se destaca el de Luis Ernesto Vargas, quien consideró que esta salvedad respecto a la actuación del operador con funciones de control de garantías debió ser incluida en la parte resolutiva de la sentencia, a manera de condicionamiento. La Procuraduría había solicitado al alto tribunal la declaratoria de inhibición.