El Consejo Superior de la Judicatura ordenó archivar una investigación disciplinaria contra un juez que, en cumplimiento de un fallo de tutela, dispuso la entrega de dineros depositados a órdenes del juzgado y levantó las medidas cautelares decretadas en un proceso ejecutivo con sentencia ejecutoriada. El alto tribunal recordó que los principios de independencia y autonomía funcional impiden que los pronunciamientos de los jueces emitidos en ejercicio de sus funciones den lugar a juzgamiento de índole disciplinario (M. P. Julia Emma Garzón de Gómez).