El delito de prevaricato por acción precisa de una resolución, dictamen o concepto ostensiblemente contrario a la legislación. Por ello, sin mayor dificultad debe advertirse en su contenido la ausencia de fundamento fáctico y jurídico y su contradicción con la normativa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia advirtió que no pueden tildarse de prevaricadoras las providencias por el único hecho de exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera especial, cuando abordan temáticas complejas o se trata de la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis y opiniones disímiles (M.P. Maria del Rosario González Muñoz).