La Corte Suprema de Justicia recordó que se incurre en el delito de falsedad ideológica cuando el servidor público en ejercicio de la facultad certificadora de la verdad hace afirmaciones contrarias a esta o las calla total o parcialmente en un documento público que puede servir de prueba. Estas actuaciones lesionan el bien jurídico de la fe pública, precisó. El alto tribunal explicó que la autenticidad del documento público se presume en estos casos, porque la falsedad se remite a su contenido. En el fallo, la corporación también indicó las características que debe tener el informe pericial (M.P. Javier Zapata Ortiz).