El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, les hizo un llamado a las autoridades judiciales para que definan de manera pronta la situación de los indígenas que están privados de la libertad, pues se trata de una población vulnerable.

Además, le pidió a la Fiscalía General de la Nación y al Ministro del Interior analizar la forma como viene operando la jurisdicción especial indígena, ante las denuncias por la presunta violación del debido proceso y la imposición de condenas desproporcionadas.

“Aunque es necesario respetar su cultura, hay casos en los que los cabildos condenan a un indígena que cometió un hurto a 15 años de prisión y a otro que ha cometido homicidio a solo 8 años”, explicó Otálora.

De otro lado, el funcionario reiteró que la mala calidad en la prestación del servicio de salud es el común denominador en los centros de reclusión en el país.

“Estamos valorando el Decreto 2469 del 2012 del Ministerio de Salud y que entra en vigencia en seis meses. Mientras tanto, estaremos atentos de cómo se les va a garantizar la salud a los internos”, agregó.

Hace dos semanas, la Defensoría y la Corte Constitucional les volvieron a llamar la atención a las autoridades carcelarias, por las precarias condiciones en las que viven los reclusos.

En esa oportunidad, el Defensor alertó sobre los problemas de hacinamiento, que ya supera el 50 %, y la escasa atención en salud que se les brinda a los internos.