La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que se abstenga de emitir un juicio de fondo sobre el acto legislativo mediante el cual se reformó el fuero penal militar (Acto Legislativo 02 del 2012).

No obstante, el Ministerio Público indicó que si la Sala Plena del alto tribunal considera procedente adelantar el examen de exequibilidad, debe declarar la disposición ajustada a la Constitución.

Según el concepto, el argumento de la sustitución de la Carta Política se desvirtúa, si se tiene en cuenta que ningún tratado internacional suscrito por Colombia determina el juez competente para investigar las actuaciones de los agentes de la fuerza pública.

Además, a su juicio, el bloque de constitucionalidad no plantea limitaciones en torno a legislación penal aplicable a los militares ni se prohíbe la creación de un tribunal penal de garantías, como el previsto en esta reforma.

Al margen de si los hechos investigados son o no de actos propios del servicio o si pueden adecuarse a violaciones al Derecho Internacional Humanitario o los derechos humanos, o se trata de delitos de lesa humanidad, no hay tratado internacional que indique qué tipo de autoridades serán las encargadas de la investigación, advirtió el ente de control.

Esta nueva demanda será analizada por el despacho del magistrado Nilson Pinilla, a quien corresponde proyectar el fallo.

(Procuraduría General de la Nación, Concepto 5588 (D-9578 y D-9596), jun. 20/13, Nilson Pinilla)