El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, manifestó su preocupación por  el proyecto de ley que busca definir nuevas reglas para el trámite de la extinción de dominio y que impulsa el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

El jefe del Ministerio Público cuestionó el que se permita monetizar los bienes que han sido extinguidos al narcotráfico, y señaló: “No parece constitucionalmente admisible que un mismo órgano decrete la extinción de un bien para ser su directo beneficiario”.

Así mismo, Ordóñez reveló sus reservas frente a la concesión de beneficios a los testaferros, “dado que sería un claro enriquecimiento ilícito y se pondría al Estado como promotor del testaferrato”.

Igualmente, la semana pasada, el Ministerio de Justicia anunció la creación de una comisión interinstitucional para revisar la iniciativa. Así lo confirmó el jefe de esa cartera, Alfonso Gómez Méndez, al manifestar algunas dudas sobre el contenido de la iniciativa.

Precisamente,  el  proyecto de ley que busca crear el Código de Extinción de Dominio contempla una nueva regulación que permitiría perseguir bienes de procedencia ilícita en cabeza de organizaciones criminales.

Igualmente, propone la creación de un fondo especial para monetizar los bienes, es decir que estos puedan ser vendidos mientras se profiere la sentencia.

De esta forma, el dinero podría destinarse a programas de atención o reparación de víctimas o al fortalecimiento de la justicia.