El Consejo de Estado advirtió que aunque el terrorismo y los actos que lo generan son injustificables, no todos ellos pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad. Ello es así porque estos crímenes requieren una gravedad mayúscula del daño infringido, los medios utilizados y la escala en que son perpetrados. El alto tribunal explicó cuáles son los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad como infracción contra los derechos humanos. De esta forma, rechazó una demanda de reparación directa por caducidad de la acción, toda vez que los hechos que la originaban ocurrieron en 1993. Para el alto tribunal, aunque se trató de un acto terrorista ocasionado con un carro bomba contra la población civil, de los hechos no se desprendía la generalización y sistematización, características propias de los crímenes de lesa humanidad. Por esta razón, señaló que no se podía predicar la imprescriptibilidad de la acción (C.P. Enrique Gil Botero).