Minjusticia anuncia reforma al uso de detención preventiva

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, anunció que la próxima semana presentará a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que pretende reformar el uso de la detención preventiva.

Según el jefe de la Cartera de Justicia, el uso excesivo de esta medida y el desuso de otras 10 tipologías de prevención han generado que más de 43.000 colombianos estén en las cárceles del país a la espera de definir su situación jurídica, lo que “repercute enormemente en los niveles de hacinamiento en las cárceles que hoy están por encima del 52 %”, señaló el ministro.

Al respecto, sostuvo que la detención preventiva ha ocasionado que, hasta el pasado 30 de junio, se hayan reportado 18.565 demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad, con pretensiones que ascienden a los 23 billones de pesos.

“El uso adecuado de la detención busca una disminución de la población carcelaria, ya que, si en las cárceles solo hubiera personas condenadas, Colombia no tendría problemas de hacinamiento y de hecho sobrarían cupos carcelarios”, agregó.

La propuesta contempla la creación de centros de asistencia para las personas que salgan de las cárceles. También, plantea la promoción de la figura del mediador para que los internos puedan servir de mediadores en la solución de controversias entre ellos en los penales del país.

Igualmente, con el fin de garantizar que quienes han cumplido su condena en las cárceles del país no reincidan en actos delictivos y puedan reincorporarse a una vida en sociedad, se propone la creación de centros de asistencia para pospenados. Estos centros estarán al servicio de hombres y mujeres que han cumplido su deuda con la justicia,  que desean capacitarse para el trabajo y participar en actividades productivas. Adicionalmente, la iniciativa contempla el fortalecimiento del mecanismo de vigilancia electrónica.

Por otro lado, Reyes anunció que hoy presentará un grupo de propuestas que modificarán estructuralmente la administración y el ejercicio de la justicia en Colombia, imprimiéndole, según sus palabras, un enfoque gerencial y de resultados a corto, mediano y largo plazo.

Los proyectos, algunos de los cuales deberán pasar por el Congreso, apuntan a problemas puntuales de la administración de justicia, como la falta de acceso a estos servicios, la lentitud de los procesos y la ausencia de una cultura de la legalidad que repercute directamente en los índices de conflictividad en las regiones.