En la discusión del proyecto anticorrupción (P. L. 142/10S-174/10C) se presentaron proposiciones sobre el artículo que prohibiría contratar con entidades públicas a quienes financien campañas políticas. Una propuesta pide eliminar este texto, mientras otro representante amplía el alcance de la iniciativa para inhabilitar a quienes apoyen aspiraciones a corporaciones públicas y no solo a cargos uninominales.