La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos, pues afecta sus niveles de crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. Pese a las leyes y decretos expedidos por Colombia en desarrollo de tratados y convenios internacionales, los niveles de corrupción en el país son elevados (una evaluación lo ubica en el puesto 74 entre 189 países). Para combatir este flagelo, la actual administración radicó en el Congreso, en septiembre del año pasado, un proyecto de ley de Estatuto Anticorrupción, que hoy se convierte en ley de la República. Con el fin de explicar las novedades y los puntos más relevantes del estatuto, el Ministerio del Interior y de Justicia acaba de publicar una cartilla, que expone la problemática antes descrita y anexa el articulado que hoy se sanciona.