La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó las decisiones proferidas por el Juzgado Penal del Circuito con función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional el 27 de enero y 6 de marzo de este año, relacionadas, respectivamente, con no autorizar a Salvatore Mancuso cambio de domicilio de Bogotá a Montería y no revocar la restricción de movilidad impuesta en 2024, según la cual no puede ir a ocho departamentos.

Según este tribunal, la pretensión de validez de los compromisos pactados no impide que los mismos puedan variar, en la medida en que se advierta progreso o retroceso de quien se comprometió a cumplirlos, pues no se trata de exigir a los postulados a la Ley de Justicia y Paz el cumplimiento de obligaciones pétreas o inamovibles, sino de evaluar su realidad y el momento concreto en el que se verifica su voluntad. (Lea: Petro nombra nuevos gestores de paz para facilitar diálogos con grupos armados)

Déficit de compromiso

En el caso concreto, advirtió la Sala, respecto del postulado Salvatore Mancuso se advierte a la fecha un notable déficit de su compromiso de comparecencia ante esta jurisdicción, razón por la cual la respuesta frente a la reclamación debe permanecer en los términos decididos por el juzgado de instancia.

Y es que siendo la Ley de Justicia y Paz una ley de méritos, se debe recordar al postulado que su caso avanza en juicio, no solo por el diseño de los Acuerdos de Paz, sino como resultado de una criminalidad oculta. Las únicas víctimas son las que injustamente padecieron el conflicto armado paramilitar y no quienes, como consecuencia de sus excesos, deben rendir cuentas ante el sistema de justicia.

De otra parte, señala la decisión, en Montería, la cifra de víctimas durante el conflicto armado se aproxima a 50 mil, donde el paramilitarismo fue el responsable de casi la mitad de los hechos, de manera que el asunto no puede reducirse, como lo pretende la defensa, a un tema de altura sobre el nivel del mar. Debe considerarse lo que significaría para las víctimas que aún están en las regiones la presencia de uno de sus principales promotores (M. P. Alexandra Valencia Molina).

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