La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución, impuso penas de más de 20 años y ordenó la captura inmediata de dos hermanos sacerdotes señalados de cometer abusos sexuales contra un menor de edad, los cuales se extendieron durante más de 15 años, bajo amenazas de suspender ayudas económicas o causarle daño a la víctima o a su familia.

Según los hechos, la conducta se registró en una zona alejada de San José del Guaviare, con grandes dificultades sociales y económicas, en la que la presencia de los sacerdotes cuestionados representaba un espacio de autoridad y confianza al que los pobladores acudían en busca de auxilio material y espiritual.

La Sala Penal consideró que el tribunal cuestionado valoró el testimonio de la víctima a partir de exigencias probatorias y patrones de comportamiento estereotipados ya superados por la jurisprudencia. No se pueden exigir comportamientos esperados de la víctima, ni descartar la violencia por ausencia de lesiones físicas.

Los condenados desplegaron un patrón de conducta consciente para someter a su víctima acudiendo al miedo y la subordinación, aprovechando su autoridad religiosa como instrumento. El alto tribunal precisó que la sociedad debe entender que el ejercicio de funciones investidas de autoridad religiosa no otorga fuero frente al ordenamiento jurídico.

El cumplimiento inmediato de la pena ratifica un compromiso con la garantía efectiva de bienes jurídicos especialmente sensibles. En el caso, los hechos juzgados comportaron un grave y sistemático atentado contra la sexualidad, libertad y dignidad de un ser humano que mostró limitada capacidad de autoprotección (M. P. José Joaquín Urbano Martínez).

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