Una operación transnacional liderada por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional y la DEA, permitió afectar la estructura y las finanzas de una red señalada de enviar cocaína al exterior y lavar activos.

La acción se desarrolló mediante labores articuladas de las direcciones especializadas contra el narcotráfico y de extinción del derecho de dominio, en un trabajo coordinado con autoridades internacionales. (Lea: Investigan millonario contrato en Risaralda financiado con recursos de regalías)

Capturas con fines de extradición

En operativos realizados en Bogotá, Cali, Palmira y Jamundí fueron capturados cinco presuntos integrantes clave de la organización, requeridos por una corte del sur de Florida (EE UU) por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Los detenidos habrían participado en la articulación de envíos de cocaína oculta en encomiendas y en la gestión de recursos ilícitos a través de diferentes mecanismos financieros.

Estructura criminal y métodos de operación

De acuerdo con la investigación, los capturados tendrían roles definidos dentro de la red. Uno de ellos sería el encargado de coordinar la salida de cargamentos desde terminales aéreas de carga, mientras otros habrían participado en actividades de blanqueo de capitales, conversión de criptoactivos y traslado de dinero mediante maniobras comerciales. Asimismo, se establecieron presuntos vínculos con el cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación y el uso de empresas en sectores como el automotriz e inmobiliario para ocultar el origen ilícito de los recursos.

Afectación de bienes por más de $ 20.000 millones

En el marco de la ofensiva contra las finanzas criminales, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 27 bienes avaluados en más de $ 20.000 millones. Entre los activos ocupados se encuentran inmuebles urbanos y rurales, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, localizados principalmente en el Valle del Cauca. Las investigaciones indican que estos bienes figuraban a nombre de terceros sin capacidad económica aparente, lo que evidenciaría su posible utilización para encubrir capitales provenientes del narcotráfico.

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