Por ejecutar extrajudicialmente a una menor a quien un grupo de militares hizo pasar por integrante de un grupo al margen de la ley sin ser cierto, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó patrimonialmente a la Nación - Ministerio de Defensa (Ejército Nacional) y revocó la sentencia de instancia, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia había denegado las pretensiones de la demanda. Así, el fallo reiteró que “no es admisible que en el marco de un conflicto armado se avale que los derechos y libertades fundamentales de algunos ciudadanos se anulen o restrinjan en aras de lograr objetivos militares o estratégicos o el logro de un ‘bien mayor’, pues los administrados conservan a plenitud los derechos a la vida, integridad personal, libertad, dignidad humana, no ser objeto de torturas bajo ninguna circunstancia, entre otros”. Por su parte, el magistrado Guillermo Sánchez Luque aclaró el voto por considerar que, “aunque el daño es imputable a título de falla del servicio por el uso excesivo de la fuerza y de la manipulación de la escena, las pruebas no permiten concluir con certeza que la muerte fue producto de una ejecución extrajudicial”, y porque la premisa del fallo tendiente a flexibilizar la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de los derechos humanos no permite desacatar las normas procesales sobre incorporación y valoración de las pruebas. Consulte la sentencia en el documento adjunto (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).