En segundo debate, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que busca castigar a las empresas que cometan delitos relacionados con corrupción trasnacional. Esta propuesta permitiría que las personas jurídicas sean declaradas responsables por actos de corrupción de sus asociados. Entre otras cosas, se prohibió que las empresas que cometan estos ilícitos puedan recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un periodo de cinco años. Así mismo, se creó una nueva disposición que prohíbiría que exservidores públicos presten a particulares, a título personal, servicios de asistencia, representación o asesoría frente al organismo estatal, entidad o corporación en la cual desempeñaron funciones en un cargo de nivel directivo, hasta por el término de un año después de la dejación del mismo. Esta prohibición sería indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones. Por otro lado, las cámaras de comercio crearían un registro de las empresas “pro éticas”, las cuales voluntariamente inviertan en políticas de promoción de la ética, integridad y prevención de la corrupción.