Alejandro Sánchez
Abogado penalista, doctor en Derecho y conjuez de la Corte Suprema de Justicia
X: @alfesac

En el debate público colombiano suele presentarse una tensión aparentemente irreconciliable entre la autonomía de los fiscales y la capacidad de dirección de la Fiscalía General de la Nación. Con frecuencia se asume que toda intervención de las instancias superiores en un caso concreto supone una amenaza para la independencia funcional de quien lo adelanta. Sin embargo, esa lectura desconoce un rasgo esencial de nuestro diseño constitucional: la Fiscalía no es simplemente una suma de despachos aislados, sino una institución llamada a desarrollar una política criminal coherente.

La Constitución colombiana ubicó a la Fiscalía dentro de la Rama Judicial, apartándose del modelo norteamericano, donde la acusación pública forma parte del Ejecutivo. Esa diferencia es relevante, pero no significa que la Fiscalía colombiana carezca de una dimensión política. La tiene, aunque en un sentido distinto al partidista. Su misión consiste en ejecutar una determinada política criminal, entendida como el conjunto de prioridades, estrategias y herramientas mediante las cuales el Estado decide enfrentar los fenómenos delictivos.

No es casual que el Fiscal General sea escogido por la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el Presidente de la República. Ese mecanismo refleja la intención constitucional de combinar dos elementos que podrían parecer contradictorios: de un lado, una legitimidad de origen vinculada a las orientaciones político-criminales que surgen del debate democrático; de otro, el control institucional que aporta la intervención de la Corte. El resultado es una figura que no puede actuar como un agente político del Gobierno, pero tampoco como un simple administrador burocrático de expedientes.

Cada administración imprime inevitablemente una visión particular de la política criminal. Algunas pueden privilegiar la persecución intensa de ciertos fenómenos delictivos y reducir al mínimo los espacios de negociación. Otras pueden apostar por mecanismos de terminación anticipada, justicia restaurativa o aplicación estratégica del principio de oportunidad. Ninguna de esas decisiones es neutra. Todas expresan una determinada comprensión de cómo debe ejercerse la acción penal en un momento histórico concreto.

Precisamente por ello, la dirección estratégica de la Fiscalía exige herramientas de coordinación, supervisión y seguimiento. Resultaría difícil sostener que una entidad encargada de ejecutar una política criminal nacional pueda cumplir adecuadamente esa misión si cada fiscal actuara como una unidad completamente autónoma e inmune a cualquier orientación institucional.

Por supuesto, esa capacidad de dirección encuentra límites infranqueables en la ley, el debido proceso y la autonomía funcional de los fiscales. No se trata de habilitar interferencias arbitrarias ni de permitir que decisiones jurídicas concretas sean sustituidas por criterios de conveniencia política. Pero tampoco parece acertado concluir que toda intervención institucional constituye, por definición, una vulneración de la autonomía.

La conformación de equipos de trabajo, la asignación de fiscales de apoyo, la participación de comités técnicos o el seguimiento de asuntos con especial relevancia pública son instrumentos compatibles con el modelo constitucional, siempre que su finalidad sea garantizar una respuesta institucional coherente y respetuosa de la legalidad.

La experiencia práctica demuestra, además, que la coordinación institucional puede fortalecer la seguridad jurídica. En distintos procesos de negociación complejos y de alto impacto, una de las garantías más valiosas para las partes ha consistido precisamente en saber que los acuerdos alcanzados no dependen exclusivamente de la voluntad individual de un funcionario, sino que responden a una posición institucional conocida, respaldada y supervisada por los distintos niveles de dirección de la Fiscalía.

Por eso, convertir la autonomía en una barrera absoluta frente a cualquier forma de dirección estratégica puede terminar debilitando a la propia institución. Una Fiscalía incapaz de proyectar prioridades, coordinar esfuerzos o transmitir mensajes claros de política criminal corre el riesgo de fragmentarse en múltiples criterios individuales, perdiendo coherencia y capacidad de respuesta.

La clave está en el equilibrio. Ni una estructura vertical que anule el criterio profesional de los fiscales, ni una concepción atomizada que impida la conducción institucional de la acción penal. La autonomía funcional y la dirección estratégica no son principios incompatibles. Son, por el contrario, los dos pilares sobre los cuales descansa el modelo constitucional de Fiscalía que diseñó Colombia.

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