Aunque los sitios para detención transitoria de las unidades de reacción inmediata (URI) están diseñados para una permanencia máxima de 36 horas, muchas personas tardan hasta cuatro meses para que se les resuelva su traslado a un centro de reclusión, así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en un comunicado en el que informa que, incluso, permanecen detenidos quienes ya cuentan con el beneficio de la detención domiciliaria otorgado por un juez. En este contexto, el Ministerio Publico hizo un llamado urgente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que tramite los traslados para reseña de estas personas y así puedan ser ubicadas en los domicilios ordenados por jueces. En su opinión, esta medida ayudaría a disminuir el hacinamiento que se vive en 10 centros de detención transitoria que fueron visitados por los funcionarios de la Defensoría; ya que permanecen 516 detenidos en espacios con capacidad aproximada de 330 cupos.