Si bien un documento público como la licencia de conducción puede cumplir todas las condiciones materiales de autenticidad, es decir, impresión, seguridad y formato, es posible que sea falso, cuando lo que se consigna en el mismo constituya falsedad o se oculte total o parcialmente la verdad. El Ministerio de Transporte debe migrar la información consignada en las licencias de conducción hacía el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a través del organismo de tránsito que las expide, lo cual permite verificar los datos. La entidad recordó que la falsedad ideológica en documento público se estructura cuando un servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender un documento público que pueda servir de prueba consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, puede incurrir en prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco a diez años.