La aparente pasividad del defensor, por ejemplo, al dejar de interponer recursos o resignar determinadas solicitudes probatorias, no estructuran irregularidad que implique la invalidación de la actuación por violación al derecho de defensa. Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema, al indicar que cada abogado tiene libertad de formular la estrategia que atienda de mejor manera los intereses del acusado. Por tanto, la diferencia de criterios frente a la estrategia asumida no demuestra que esa garantía fue lesionada, agregó la corporación (M. P. Fernando Castro).